Por Juan D. Rivero Raillo
Estamos a finales de agosto y el magisterio de Antioquia observa con creciente preocupación el silencio administrativo frente a los compromisos adquiridos. A pesar de que la Secretaría de Educación ya cuenta con los recursos para cubrir el retroactivo salarial del presente año, el pago sigue sin materializarse. Esta situación no se explica únicamente por la complejidad de una nómina que supera los veinte mil docentes, como lo ha señalado el secretario Mauricio Alvear, pues ese era un dato conocido por el gobernador Andrés Julián Rendón desde antes de asumir su mandato. Lo que aquí se pone en cuestión no es la magnitud de la tarea, sino la voluntad política y administrativa para honrar compromisos que son derechos adquiridos de los trabajadores de la educación.
El retroactivo salarial, aunque por sí solo no constituye una causal de paro legal, se convierte en un síntoma de un problema más profundo. Desde el año pasado existen colegas que aún esperan el retroactivo por concepto de ascensos en el escalafón, a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto 1278 de 2002. Del mismo modo, docentes que superaron el concurso de méritos continúan sin recibir el nombramiento en propiedad que les corresponde, viéndose así limitados en su derecho a la estabilidad laboral y en su posibilidad de acceder a créditos y proyectos de vida que requieren respaldo jurídico. Estos hechos configuran una cadena de incumplimientos que, sumados, justifican la exigencia organizada y firme del magisterio.
Más allá de las demoras administrativas, surge una inquietud legítima que la Secretaría de Educación no ha resuelto con claridad: si los recursos ya fueron girados por el Gobierno Nacional, ¿qué ocurre con los intereses generados mientras permanecen retenidos en cuentas oficiales? Es deber de la administración informar con transparencia si esos rendimientos se devuelven a los maestros o si se destinan a otros usos mientras se prolonga el procedimiento. La falta de respuestas concretas alimenta la percepción de que se gobierna con dilación calculada, esperando hasta el límite del plazo legal para cumplir, lo cual constituye un trato injusto hacia quienes sostienen la educación pública del departamento.
El gobernador Andrés Julián Rendón ha manifestado públicamente su distancia ideológica respecto a las posiciones progresistas que gran parte del magisterio respalda. Sin embargo, conviene recordarle que en un Estado social de derecho las convicciones políticas no pueden ser excusa para desconocer o aplazar la garantía de los derechos laborales. La Constitución y la Ley 715 de 2001 son claras en asignar a las entidades territoriales la obligación de administrar con eficiencia los recursos destinados a la educación, garantizando continuidad y calidad en el servicio. Gobernar no es administrar simpatías, sino responder con responsabilidad a las obligaciones establecidas por la ley.
Por estas razones, se hace necesario un llamado respetuoso pero firme a la señora Lida Morales, presidenta de ADIDA. El sindicato no puede guardar silencio ante hechos que afectan la vida cotidiana de miles de docentes en Antioquia. El magisterio espera de sus directivos liderazgo, acompañamiento y estrategia, porque la función del sindicato no es ser observador pasivo de los acontecimientos, sino garante y vocero de los derechos colectivos. La Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia, igualmente, debe acompañar esta exigencia, pues lo que está en juego es la dignidad laboral de un gremio que representa un pilar fundamental de la sociedad.
El prestigio administrativo que antaño caracterizó a la Secretaría de Educación de Antioquia se está perdiendo por las demoras, las evasivas y la falta de transparencia. Lo que antes fue motivo de atracción para docentes de distintas regiones hoy se convierte en una fuente de desconfianza y frustración. Recuperar ese prestigio depende de acciones inmediatas: cumplir con los pagos en los tiempos debidos, garantizar nombramientos sin dilaciones y devolver al magisterio la certeza de que su trabajo es valorado con hechos, no con discursos. Antioquia no puede darse el lujo de erosionar el respeto hacia sus maestros. Cumplir con lo que se debe no es una concesión, es un deber ineludible de la administración pública.
Juan D. Rivero Raillo
El profe Juancho
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