Lo que hoy estamos viendo en Colombia no es solo una disputa política más. Es el reflejo de una transformación profunda: el desgaste de un proyecto de poder que durante años dominó el discurso público, pero que hoy parece reducido a la repetición de acusaciones sin pruebas. La figura de Álvaro Uribe Vélez, que en otro momento concentró una enorme influencia política, atraviesa una etapa que muchos podrían definir como su ocaso: un liderazgo que ya no propone, sino que reacciona.
Las recientes declaraciones contra Iván Cepeda Castro —acusándolo de tener nexos con grupos armados— no vienen acompañadas de evidencia, denuncias formales ni procesos judiciales que las respalden. Y ahí está el punto central del debate: en un Estado de derecho, las acusaciones graves no se sostienen en discursos ni en redes sociales, sino en pruebas. Si estas existieran, el camino lógico sería acudir a las instituciones. Pero cuando esto no ocurre, lo que queda es la sospecha de que se trata más de una estrategia política que de una búsqueda real de justicia.
Este tipo de narrativa no es nueva. La descalificación del adversario, la estigmatización y la construcción de enemigos internos han sido herramientas recurrentes en sectores del uribismo. Sin embargo, lo que antes tenía eco masivo, hoy empieza a encontrar resistencia. La ciudadanía ya no recibe estos mensajes con la misma credulidad. Cada vez más personas cuestionan, contrastan y exigen sustento.
El contraste se hace aún más evidente cuando se observa la respuesta ciudadana en escenarios públicos. Mientras sectores tradicionales insisten en posicionar figuras como Paloma Valencia, los actos de Iván Cepeda Castro han mostrado una creciente capacidad de convocatoria. Esto no es un dato menor: habla de un cambio en la sensibilidad política del país, de una ciudadanía que está buscando discursos distintos, menos basados en el miedo y más en el debate.
A esto se suma una contradicción que debilita aún más la credibilidad del discurso opositor. Voces que se presentan como referentes éticos, como Daniel Briceño, denuncian con fuerza ciertos casos, pero guardan silencio frente a escándalos dentro de su propio sector. Esa selectividad no pasa desapercibida y termina erosionando la confianza pública.
En paralelo, el papel de algunos medios de comunicación también entra en discusión. Cuando el periodismo deja de cuestionar el poder y se limita a amplificar discursos sin verificación, se convierte en un actor político más. Y eso tiene consecuencias: contribuye a la polarización, desinforma y debilita el debate democrático.
Lo que emerge de todo esto es una conclusión clara: el uribismo, como proyecto político, enfrenta una crisis de narrativa. Ya no logra conectar con amplios sectores de la sociedad, y en lugar de renovarse, recurre a las mismas estrategias que en el pasado le funcionaron. Pero el contexto ha cambiado. Colombia ha cambiado.
Hoy hay un país más crítico, más informado y menos dispuesto a aceptar verdades impuestas. Un país que empieza a reconocer que la política basada en la mentira, la calumnia y el miedo tiene límites.
Tal vez por eso, lo que antes fue una figura dominante hoy corre el riesgo de convertirse en algo distinto: no en un líder temido o respetado, sino en un símbolo de una forma de hacer política que se agota… y que, poco a poco, empieza a ser vista más como caricatura que como proyecto de poder.
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