El pasado 31 de marzo de 2025, durante el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, abordó la situación de la infraestructura educativa en el país. A través de la intervención del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y del representante del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Sebastián Correa, se evidenció el deterioro significativo que enfrentan muchas instituciones de educación básica y media en Colombia.
Ante este panorama, el presidente Petro instó al Fondo de Infraestructura a visitar las comunidades afectadas y a considerar el uso de sistemas de construcción no convencionales para agilizar las mejoras en las instituciones educativas. Esta propuesta cobra especial relevancia en la región de Urabá, donde las condiciones de muchas escuelas reflejan décadas de abandono estatal.
Un ejemplo de esta situación es la sede número dos en la zona urbana de San Juan de Urabá, donde un salón ha perdido su techo y varios espacios son inhabilitables debido a su deterioro. En algunas aulas, la falta de mantenimiento ha permitido incluso el crecimiento de vegetación. Además, numerosas instituciones carecen de baños en condiciones dignas, acceso adecuado a servicios sanitarios y agua potable, lo que compromete la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes.
Este abandono contrasta con la gran inversión destinada al proyecto Vía al Mar – Túnel del Toyo, cuya construcción cuenta con un presupuesto de 5 billones de pesos. Mientras las escuelas se deterioran y los estudiantes y docentes carecen de espacios dignos, se prioriza una infraestructura vial de última generación para acercar la capital al Urabá. Esto plantea una pregunta clave: ¿a quién beneficia realmente esta inversión? ¿Cómo se justifica la destinación de tales recursos al cemento y al asfalto mientras las escuelas de la región continúan en condiciones precarias?
En este contexto, es fundamental que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, priorice el bienestar de los urabaenses y enfoque sus esfuerzos en atender las necesidades urgentes del sector educativo, más allá de su postura política frente al gobierno nacional. La educación no puede quedar relegada en medio de disputas partidistas ni de modelos de inversión que no atienden las problemáticas estructurales de las comunidades más vulnerables.
Desde el ámbito educativo y social, hacemos un llamado al Fondo de Infraestructura Educativa, al Ministerio de Educación, a la Gobernación de Antioquia y a los alcaldes de la subregión de Urabá para trabajar de manera conjunta en la implementación de soluciones efectivas. La adopción de métodos de construcción innovadores, como lo propone el Gobierno Nacional, podría representar una oportunidad para transformar la infraestructura educativa y garantizar a los niños y jóvenes un entorno digno para su aprendizaje.
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, y es imperativo que se tomen medidas concretas para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, especialmente en las zonas rurales. Urabá necesita atención urgente y acciones coordinadas que materialicen el derecho a una educación de calidad en espacios adecuados y seguros.
Comentarios
Publicar un comentario