Columna de opinión
Por Juan David Rivero Raillo
En los últimos meses, los maestros de Colombia hemos presenciado una crisis profunda en nuestro régimen especial de salud, pensiones y cesantías, creado por la Ley 91 de 1989. Lo que se anunció como un nuevo modelo para dignificar la atención del magisterio terminó convertido en un caos financiero y operativo que hoy tiene al Fondo del Magisterio en un déficit histórico de 1,6 billones de pesos.
No podemos olvidar que esta crisis comenzó con la llegada de Jhon Mauricio Marín a la Fiduprevisora. Fue nombrado durante el actual gobierno, como cuota política del Partido de la U, un partido con un largo historial de corrupción y clientelismo. Marín, que ya cargaba con cuestionamientos en Ferrocarriles Nacionales por contratación directa, aterrizó en la Fiduprevisora con la promesa de administrar un nuevo modelo de salud. Sin embargo, su gestión se caracterizó por decisiones lesivas, como la contratación del software HORUS, que costó más de 45 mil millones de pesos y terminó sirviendo para direccionar a los maestros hacia los mismos prestadores de siempre, reproduciendo los vicios del sistema anterior. Fue una cuota política disfrazada de gestión técnica que dejó heridas abiertas en las finanzas y en la confianza de los maestros.
Tras la renuncia de Marín, la Fiduprevisora quedó en manos de Aldo Cadena, a quien ya muchos califican como el “malabarista” del déficit. Cadena improvisa, hace malabares con las cuentas, pero no logra explicar con claridad de dónde salen los recursos para cubrir un déficit que creció en más de un 500 %, pasando de 300 mil millones a 1,6 billones. Si el gobierno no ha girado los dineros necesarios, ¿se están comprometiendo acaso los recursos de pensiones y cesantías de los maestros? Esa es la pregunta que debe responder con documentos, no con retórica.
En el Consejo de Ministros del 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro cuestionó duramente a Cadena, al punto de decirle: “Aldo, si esto te está quedando grande, dímelo”. En varias ocasiones, de manera indirecta, el presidente prácticamente le pidió la renuncia. Sin embargo, aquí aparece una contradicción que no podemos pasar por alto: el mismo presidente que cuestiona hoy a Cadena es quien permitió que Jhon Mauricio Marín llegara a la Fiduprevisora como cuota de un partido cuestionado como La U. Ese error de cálculo político es parte de la cadena de responsabilidades que hoy mantienen en jaque a nuestro régimen especial.
Más preocupante aún fue escuchar al presidente deslizar, en uno de sus característicos eufemismos, la posibilidad de trasladar al magisterio a Colpensiones. Una idea suelta, sí, pero peligrosa, porque representaría el principio del fin del régimen especial que los maestros conquistamos con décadas de lucha, con movilización y con el sacrificio de líderes sindicales que entregaron la vida por la defensa de los derechos del magisterio colombiano. Ese régimen no se ganó con cartas ni con acuerdos burocráticos, sino con resistencia y compromiso social.
Las bases del magisterio no pueden bajar la guardia. La Veeduría de Salud del Magisterio ha denunciado reiteradamente que la situación actual es insostenible y que, de seguir así, el régimen especial corre el riesgo de desaparecer. No podemos permitir que las malas decisiones de este gobierno, sumadas a las de gobiernos anteriores, terminen extinguiendo la Fiduprevisora y desmantelando un derecho conquistado.
Apoyo al presidente Petro en muchas de sus reformas sociales, pero desde la autocrítica debo decirlo con claridad: no se puede jugar con la salud, las pensiones y las cesantías de los maestros. Reconocer errores, corregir el rumbo y garantizar transparencia no es un signo de debilidad, sino de responsabilidad. Por eso, con respeto pero con firmeza, exijo que se inyecten los 5 billones de pesos necesarios para estabilizar el Fondo, que se rindan cuentas claras sobre los contratos firmados y que se blinde de una vez por todas el régimen especial del magisterio.
Señor presidente, señor Cadena: la salud del magisterio no se negocia.
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