En Colombia, la justicia no es igual para todos. Y lo que sucede con el señor Álvaro Uribe Vélez es una muestra vergonzosa de cómo los privilegios del poder siguen prevaleciendo por encima del principio de igualdad ante la ley.
Uribe ha sido condenado por soborno y fraude procesal. No lo dice una persona cualquiera, lo afirma una jueza de la República, respaldada por más de mil páginas de pruebas, grabaciones, interceptaciones y testimonios contundentes. Sin embargo, el expresidente continúa interviniendo abiertamente en el debate público del país, como si su condición de condenado no implicara ninguna restricción.
¿Está permitido que una persona privada de la libertad mantenga activa su presencia en redes sociales, opinando, presionando y marcando la agenda política nacional? ¿Dónde está el cumplimiento de la sanción? ¿Dónde está la efectividad del castigo?
Mientras tanto, vemos con indignación cómo representantes de la política tradicional —como el expresidente Andrés Pastrana— lo visitan en su finca, en una clara actitud de respaldo y desafío a la justicia. Se burlan del fallo emitido por la jueza Sandra Heredia, con una tranquilidad que solo pueden tener quienes se sienten por encima del sistema judicial.
Este comportamiento deja un mensaje preocupante: en Colombia, hay castigos para los de abajo y privilegios para los de arriba.
Basta con ver el contraste. Epa Colombia, una joven influencer, madre de una menor de edad, fue privada de su libertad sin derecho a casa por cárcel. ¿Por qué a ella se le niega ese beneficio mientras Uribe, con delitos más graves y un poder mucho más influyente, sigue manejando discursos desde su hacienda? ¿Qué tipo de justicia es esta que parece diseñada para quebrar a unos y blindar a otros?
La justicia debe ser imparcial. Debe ser firme. Y, sobre todo, debe ser equitativa. Pero lo que vemos es un sistema que aún responde a las viejas lógicas del poder, donde el castigo no depende del delito, sino del apellido, del cargo o de los aliados políticos.
Por eso, hago un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, a los órganos de control y a la opinión pública: que se tomen medidas efectivas y ejemplarizantes frente a quienes, a pesar de estar condenados, siguen operando como si fueran inmunes. Que se haga cumplir la sanción con todo el rigor de la ley.
No pedimos venganza. Pedimos justicia. Y la justicia, si es verdadera, no puede tener nombres propios ni privilegios disfrazados de legalidad.
#UribeCulpable
Juan David Rivero Raillo
Maestro rural y activista
linktr.ee/Elprofejuancho
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